Didh pide marco jurídico para proteger libertad de expresión en Internet

Posted on 1 de julio de 2014

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Didh pide marco jurídico para proteger libertad de expresión en Internet

 La CIDH considera que los programas de vigilancia creados legalmente “podrían ser legítimos cuando se vinculen con fines como la prevención de delitos o la seguridad nacional”

Con información de EFE

Didh pide marco jurídico para proteger libertad de expresión en Internet

Didh pide marco jurídico para proteger libertad de expresión en Internet

 

Las legislaciones no se han adaptado lo suficientemente rápido a la tecnología para proteger derechos como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad en Internet, según un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgado hoy.

“Los marcos jurídicos no han conseguido acompañar los adelantos tecnológicos y esto ha agravado el riesgo de que se produzcan violaciones de derechos humanos”, apunta el informe en alusión a la vigilancia en la red.

La CIDH considera que los programas de vigilancia creados legalmente “podrían ser legítimos cuando se vinculen con fines como la prevención de delitos o la seguridad nacional”, sin embargo, alerta de que con las posibilidades técnicas que ofrece Internet “podrían ser invasivos” y “menoscabar el derecho a la privacidad”.

Además, advierte que el término de seguridad nacional ha sido empleado para “restringir” los derechos de defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas.

El informe “Libertad de Expresión e Internet” pretende ser una “guía” para la protección del derecho a la libertad de expresión y pensamiento en el entorno digital para lo que analiza jurisprudencia y doctrina internacional.

El documento señala que para “preservar los beneficios” de Internet en favor de la libertad de expresión, los estados deben legislar o marcar pautas para asegurar el acceso universal a la red; promover la pluralidad y el debate público; asegurar la igualdad y la neutralidad; y evitar la discriminación y la injerencia.

El informe, que fue discutido de manera simultánea en siete ciudades el pasado 16 de junio, destaca que algunos países como Argentina, Chile, México, Brasil y Canadá han comenzado a adaptar su legislación a los principios internacionales aplicables al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Internet.

En Argentina recuerda que se sancionó la Ley 26.032 de Servicio de Internet, que recoge la garantía de amparo de la libertad de expresión para la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole a través del servicio de la red.

El informe subraya la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual de Chile, “que limita la responsabilidad de intermediarios por contenido generado por terceros”, además se “consagró” el principio de neutralidad en la red prohibiendo el bloqueo del derecho de los usuarios a “utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal a través de Internet”.

Otra de las recientes iniciativas legislativas en la región que destaca es el proyecto de Marco Civil de Internet en Brasil y menciona la aprobación en México de un proyecto de reforma de su Constitución Política en materia de telecomunicaciones, que declara el principio de inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.

En este sentido, señala que los intermediarios no deben ser responsabilizados por los contenidos que transmitan, a menos que reciban una orden judicial, ni se les debe exigir que supervisen los contenidos que circulan en sus servicios.

En cuanto a la filtración y el bloqueo de contenidos, la CIDH considera que sólo es admisible si se trasgreden los derechos humanos y tras una evaluación de un tribunal imparcial. “Tales decisiones deberán adoptarse de manera transparente y únicamente como último recurso”, reza el informe.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el continente, como clave en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

La CIDH considera que los programas de vigilancia creados legalmente "podrían ser legítimos cuando se vinculen con fines como la prevención de delitos o la seguridad nacional"

La CIDH considera que los programas de vigilancia creados legalmente “podrían ser legítimos cuando se vinculen con fines como la prevención de delitos o la seguridad nacional”